Adiós a los fraudes electorales

Pablo Gómez va contra a exfuncionarios del INE que avalaron irregularidades

Objetivo, diagnosticar el sistema electoral, proponer una reforma que reduzca el costo de los comicios, recorte al presupuesto de los partidos y eliminar plurinominales

MARCOS H. VALERIO

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, con el objetivo de diagnosticar el sistema electoral mexicano y proponer una reforma legislativa que reduzca el costo de los comicios, recorte el presupuesto de los partidos y elimine las candidaturas plurinominales.

Sin embargo, las declaraciones de Gómez han desatado controversia al señalar que el actual modelo, defendido por sectores conservadores, está marcado por fraudes históricos.

Pablo Gómez criticó a exfuncionarios del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instituto Nacional Electoral (INE) que, según él, solaparon irregularidades como los casos “Amigos de Fox”, “Pemexgate” y el fraude electoral de 2006.

“Esos son los que están firmando con sus nombres”, afirmó, refiriéndose a quienes hoy exigen un proceso incluyente para la reforma. Aseguró que la comisión escuchará todas las voces, pero enfatizó que no se puede ignorar el pasado de “simulación” de quienes defendieron un sistema que, a su juicio, está obsoleto.

La comisión, integrada por figuras cercanas a la 4T como Rosa Icela Rodríguez, Ernestina Godoy, Lázaro Cárdenas Batel, José Antonio Peña Merino, Jesús Ramírez Cuevas y Arturo Zaldívar, tiene el mandato de elaborar una propuesta que priorice la participación ciudadana y la eficiencia electoral.

Sin embargo, la composición del grupo ha generado críticas, con sectores opositores cuestionando si un equipo tan afín al oficialismo puede garantizar un diálogo plural.

En respuesta, expresidentes y exmagistrados electorales emitieron un comunicado exigiendo que cualquier reforma sea fruto del consenso y cumpla con estándares de integridad democrática.

“Coincidimos en la necesidad de una reforma electoral que sea incluyente y no impositiva”, señalaron. Esta postura choca con la narrativa de Gómez, quien ve en estas voces la defensa de un sistema que permitió fraudes y manipulaciones.

El debate está servido: mientras la comisión promete un sistema electoral más justo y accesible, sus detractores advierten sobre el riesgo de una reforma que consolide el poder del oficialismo.