Desafían cárteles acuerdos México-EU

Fuga de un narco chino, complica los acuerdos de aranceles con Trump

México despliega 10 mil militares y extradita a 29 capos

MARCOS H. VALERIO

La lucha contra el narcotráfico en México se ha convertido en un obstáculo para los acuerdos bilaterales de seguridad con Estados Unidos, mientras los cárteles intensifican su influencia y generan presión sobre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien enfrenta críticas internas y externas por el avance del crimen organizado, especialmente en el tráfico de fentanilo.

Un caso que desató controversia ocurrió en octubre de 2024, cuando las fuerzas armadas mexicanas detuvieron a Zhi Dong Zhang, presunto miembro de una red criminal china vinculada al contrabando de precursores químicos para producir fentanilo, cocaína y metanfetaminas.

Solicitado en extradición por Estados Unidos, Zhang fue puesto en arresto domiciliario por un juez mexicano, una decisión que permitió su espectacular fuga a través de un agujero en la pared de la vivienda custodiada por la Guardia Nacional.

La evasión provocó la indignación de Sheinbaum, quien calificó la resolución judicial como un acto de corrupción en el Poder Judicial y señaló que un extranjero con cargos tan graves debió enfrentar prisión preventiva.

El incidente tensó aún más las relaciones con la administración de Donald Trump, que había advertido con imponer un arancel del 30% a productos mexicanos si México no intensificaba sus acciones contra el narco. Tras compromisos de Sheinbaum, la medida fue pospuesta por 90 días, pero la presión persiste.

En respuesta, México ha redoblado esfuerzos: desplegó 10 mil militares en la frontera norte, extraditó a 29 líderes de cárteles en lo que va de la administración de Sheinbaum y desmanteló más de mil laboratorios de drogas sintéticas, además de detener a miles de presuntos criminales.

La presidenta busca formalizar un acuerdo con EU que equilibre la cooperación en seguridad con el respeto a la soberanía nacional, basado en el intercambio de inteligencia y acciones binacionales.

Sin embargo, la influencia de los cárteles en distintos niveles de gobierno sigue siendo un obstáculo. En julio de 2025, el comandante militar de Tabasco reveló que Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad estatal, es investigado por liderar una red delictiva conocida como “La Barredora”.

Bermúdez fue designado por Adán Augusto López, exgobernador y actual coordinador de Morena en el Senado, quien negó cualquier implicación. Sheinbaum afirmó que no hay pruebas contra López, pero el caso expuso los nexos entre políticos y el crimen organizado en varias entidades.

Ese mismo mes, la violencia en Sinaloa marcó otro desafío para el gobierno. Durante una visita de Sheinbaum al estado, los enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, responsables de más de mil 500 homicidios y dos mil desapariciones, opacaron su agenda.

En ese contexto, Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable de narcotráfico en una corte de Chicago. Su abogado acusó al gobierno mexicano de colaborar con los cárteles, una declaración que Sheinbaum rechazó y por la cual anunció una demanda por difamación en tribunales nacionales.

Durante un acto público en Sinaloa, Sheinbaum compartió escenario con el gobernador Rubén Rocha, señalado por presunta complicidad con el crimen organizado, aunque él ha negado las acusaciones.

La presidenta insiste en que su administración no tolerará la impunidad, pero los casos de corrupción y la violencia desatada por los cárteles siguen poniendo a prueba su estrategia de seguridad y las relaciones con Estados Unidos