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¡Fin al blindaje! Claudia apunta al desafuero

  • Foto del escritor: Karla Hernandez
    Karla Hernandez
  • 1 oct
  • 4 Min. de lectura

Legisladores como “Alito”, Blanco y Anaya podrían enfrentar la justicia sin escudos


"La presidenta no tiene fuero, ¿por qué sí lo tendrían ellos? Es un privilegio del pasado", declaró



MARCOS H. VALERIO



En un movimiento que sacude los pasillos del Congreso y pone en jaque a políticos envueltos en escándalos de corrupción y crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que propondrá eliminar el fuero constitucional para diputados y senadores como parte de la próxima reforma electoral.


"La presidenta no tiene fuero, ¿por qué sí lo tendrían ellos? Es un privilegio del pasado", declaró Sheinbaum durante "La Mañanera del Pueblo".


Cabe destacar que, la iniciativa, que se presentaría en febrero de 2026, busca desmantelar la inmunidad que ha protegido a legisladores de procesos judiciales por delitos graves, abriendo la puerta a juicios directos contra figuras como Alejandro "Alito" Moreno, Cuauhtémoc Blanco, Ricardo Anaya y el propio Adán Augusto López –este último, epicentro de las recientes revelaciones sobre nexos con el crimen en Tabasco.


Sheinbaum Pardo, respaldó a su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien defendió en el Senado la lucha contra el huachicol y el grupo criminal La Barredora, enfatizó: "Habrá cero impunidad. Si hay pruebas, que se presenten; nadie está por encima de la ley". La propuesta no es improvisada: surge de debates impulsados desde 2020 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya eliminó el fuero presidencial en 2021, pero deja pendiente el de legisladores y gobernadores.


“ALITO”, ENTRE LA TORMENTA

Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI y senador, se encuentra en el ojo del huracán ante la propuesta de Claudia Sheinbaum para eliminar el fuero constitucional, una medida que podría despojarlo del blindaje que lo ha mantenido intocable frente a múltiples acusaciones.


Durante su gestión como gobernador de Campeche (2015-2019), Alito enfrenta cargos por peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, uso indebido de atribuciones, defraudación fiscal, abuso de autoridad y exceso en el ejercicio de funciones, con un desvío estimado de 83.5 millones de pesos a través de una red de empresas fantasma operada con su hermano.


Su opulento estilo de vida, con una casa valuada en 300 millones de pesos y relojes de lujo, contrasta con su declaración patrimonial y ha encendido las alarmas de la Fiscalía General de la República (FGR), que en agosto de 2025 sumó cinco nuevos delitos a su expediente.


Sin el fuero, “Alito” podría enfrentar juicios directos, poniendo en riesgo no solo su curul, sino el control que ejerce sobre el debilitado PRI.


La resistencia del campechano a rendir cuentas, amparado por el fuero, simboliza el viejo régimen de impunidad que la iniciativa de Sheinbaum busca desmantelar. A pesar de los señalamientos, “Alito” ha minimizado las acusaciones como “ataques políticos” y ha utilizado su influencia para frenar un desafuero previo por tecnicismos legislativos.


Su red de complicidades, que incluye triangulaciones financieras y contratos cuestionables, refleja un sistema de corrupción arraigado que ha dañado a Campeche, donde se estima que 4 mil millones de pesos fueron malversados durante su mandato.


La eliminación del fuero pondría a “Alito” ante un espejo de justicia sin precedentes, obligándolo a responder por un historial que, lejos de ser una “persecución”, parece un catálogo de excesos que los ciudadanos exigen esclarecer.

Por su parte, Ricardo Anaya, senador plurinominal del PAN, enfrenta un futuro incierto si prospera la propuesta de Claudia Sheinbaum para eliminar el fuero constitucional, que lo ha protegido de graves acusaciones.


La FGR lo señala por lavado de dinero, cohecho, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, relacionados con un soborno de 6.8 millones de pesos de Emilio Lozoya (Odebrecht) para avalar la Reforma Energética de 2014, además de la compra simulada de un terreno en Querétaro por 54 millones de pesos.


Tras exiliarse en Estados Unidos en 2021, Anaya regresó en 2024, amparado por el fuero, pero sin este escudo, podría enfrentar un juicio directo que desentrañe su papel en uno de los mayores escándalos de corrupción de la década, exponiendo las redes de poder que aún lo respaldan en el PAN.


Por su parte, Cuauhtémoc Blanco, diputado federal y exgobernador de Morelos, se tambalea ante la posible eliminación del fuero, que lo ha resguardado de un cúmulo de imputaciones.


Acusado de intento de violación, abuso sexual, ejercicio ilícito de funciones, falsificación de documentos, enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en declaraciones, Blanco enfrenta denuncias graves, incluida una de su media hermana Nidia Fabiola por agresión sexual en 2024 y desvíos en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.


Su administración en Morelos, marcada por 5 mil 810 homicidios y 14 exfuncionarios investigados por corrupción, quedó bajo escrutinio, pero un desafuero rechazado en marzo de 2025 lo mantuvo a salvo. Sin fuero, Blanco enfrentaría un juicio que podría derrumbar su imagen pública y cuestionar la protección que Morena le ha brindado.


LA SOMBRA DE LA BARREDORA


Todo comenzó con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto (2019-2021). Bermúdez, apodado "El Comandante H", fue extraditado de Paraguay el 12 de septiembre y vinculado a proceso por asociación delictuosa, extorsión agravada y secuestro agravado.


La Barredora, célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) –designado terrorista por Estados Unidos en febrero–, se adjudicó en 2020 el asesinato del "Kalimba", líder del robo de combustible en Pemex, justo cuando Adán Augusto asumía como gobernador.

Investigaciones de la Fiscalía de Tabasco y la FGR revelan que Bermúdez usó empresas fantasma para lavar dinero vía contratos estatales, con posibles nexos de Adán Augusto como notario público que avaló dichas firmas.


Pero no para ahí: Un reportaje periodistico expuso que Adán Augusto omitió declarar ingresos por 80 millones de pesos entre 2023 y 2024, provenientes de herencias, servicios notariales y pagos de empresas como GH Servicios Empresariales (fantasma) y Capital Cargo del Golfo, contratista en su sexenio.


Estos casos ilustran cómo el fuero ha actuado como "baluarte" contra la justicia: Alito evadió un desafuero inicial por tecnicismos; Blanco conservó el suyo pese a 10 carpetas; Anaya huyó al extranjero; y Adán Augusto, pese a exhortos, sigue en su curul sin citatorio formal.

 
 
 

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