Fiscalía de Campeche, cómplice por omisión en caso de “Alito”

No es un simple retraso burocrático, sino un obstáculo deliberado

Pone en entredicho la imparcialidad y eficacia de las instituciones encargadas de procurar justicia

MARCOS H. VALERIO

La Cámara de Diputados ha dado un paso firme hacia el juicio de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno, senador y expresidente del PRI, gracias a la información finalmente proporcionada por la Fiscalía de Campeche.

Sin embargo, este avance no puede celebrarse sin señalar la inaceptable demora de la fiscalía en responder a las solicitudes de la Sección Instructora. Esta dilación, que el diputado Hugo Eric Flores Cervantes describió con un eufemístico “se tardaron un ratito”, no es un simple retraso burocrático, sino un obstáculo deliberado que pone en entredicho la imparcialidad y eficacia de las instituciones encargadas de procurar justicia en México.

La tardanza de la Fiscalía de Campeche en entregar información clave para el proceso contra Moreno Cárdenas no solo ha retrasado la justicia, sino que alimenta sospechas de complicidad o, en el mejor de los casos, negligencia institucional.

Mientras el expediente de “Alito” permanecía en un limbo administrativo, el senador ha maniobrado con amparos para protegerse, aprovechando el tiempo que la fiscalía le ha regalado con su inacción.

Este comportamiento no es nuevo: la opacidad y la lentitud de ciertas fiscalías estatales han sido, históricamente, un recurso para proteger a figuras políticas influyentes, perpetuando la impunidad que tanto daña la confianza ciudadana.

En contraste, el caso de Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, evidencia un problema aún más grave: la falta de avances formales y la manipulación de peritajes, según lo señalado por el propio Flores Cervantes. La ausencia de información oficial de la Fiscalía de Morelos y las inconsistencias en los peritajes presentados reflejan un sistema judicial vulnerable a la politización y a la fabricación de pruebas. Estas irregularidades no solo entorpecen el trabajo de la Cámara de Diputados, sino que erosionan la credibilidad de las instituciones encargadas de combatir la corrupción.

La denuncia del diputado Flores Cervantes sobre los más de mil 200 juicios políticos “atorados” en la Subcomisión de Examen Previo, muchos de ellos prescritos, es un recordatorio alarmante de la parálisis que afecta al sistema de justicia mexicano.

Esta acumulación de casos no resueltos es el síntoma de un diseño institucional deficiente, donde la falta de voluntad política y la burocracia se combinan para proteger a los poderosos. La propuesta de reforma de Flores Cervantes para reestructurar la función jurisdiccional en San Lázaro es, sin duda, un paso necesario, pero su aprobación enfrenta el desafío de una legislatura que opera bajo presiones políticas y electorales.

El caso de “Alito” Moreno pone a prueba la capacidad de las instituciones para actuar con independencia y celeridad. La Fiscalía de Campeche debe rendir cuentas por su demora, que ha permitido a Moreno ganar tiempo y entorpecer el proceso. Si bien el diputado Flores Cervantes asegura que el dictamen será “jurídicamente sólido”, la ciudadanía espera que no sea solo una victoria técnica, sino un mensaje claro contra la impunidad. La justicia no puede seguir siendo rehén de fiscalías que, por acción u omisión, se convierten en cómplices de quienes buscan evadirla.

San Lázaro, en este contexto, no solo es un escenario de pugnas legales, sino un reflejo de la lucha por recuperar la confianza en nuestras instituciones. La resolución del caso de Moreno Cárdenas, y la eventual claridad en el de Blanco Bravo, serán pruebas cruciales para demostrar si México avanza hacia un sistema de justicia verdaderamente independiente o si sigue atrapado en las redes de la complicidad y el retraso.

La Fiscalía de Campeche, por su parte, debe asumir su responsabilidad y dejar de ser un obstáculo en el camino hacia la rendición de cuentas. La ciudadanía no merece menos.