Fortalecerá ClaudiaLey de Extinción de Dominio

Objetivo, confiscar propiedades adquiridas por corruptos: Justicia alcanzó a “Alito”

Entre los señalados están su hermano Ángel Moreno, su madre Mirna Cárdenas, y operadores como Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador preso por sobornos de Odebrecht

MARCOS H. VALERIO

Sobre la expropiación de bienes de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, por parte de autoridades de Campeche, la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, precisó que se debió por lavado de dinero.

La presidenta manifestó que la extinción de dominio debe aplicarse en casos de lavado de dinero, por corrupción, por recursos mal habido, por lo que en breve se mandará una iniciativa al Congreso.

En el fangoso terreno de la corrupción neoliberal, donde los escándalos se apilan como escombros tras un huracán, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, ha desenterrado una nueva bomba en su cruzada contra Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI.

La mandataria acusó al exgobernador campechano de encabezar una red de corrupción que, a través de prestanombres, amasó un imperio inmobiliario con recursos públicos y moches.

Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia matutina no solo respaldó tácitamente estas denuncias, sino que abrió la puerta a una reforma crucial: Fortalecer la Ley de Extinción de Dominio para confiscar propiedades adquiridas por corruptos y destinarlas a escuelas o universidades.

Pero, ¿es esta la estocada final contra el priismo de “Alito”, o apenas un capítulo más en la telenovela política del sureste?

El caso no es nuevo, pero las revelaciones de Sansores –apoyadas en documentos del Registro Público de la Propiedad– tienen un peso quirúrgico. Según la gobernadora, personas cercanas a Moreno, incluido su círculo familiar y exfuncionarios de su administración (2015-2019), adquirieron propiedades de lujo en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, valuadas en cientos de millones de pesos.

Entre los señalados están su hermano Ángel Moreno, su madre Mirna Cárdenas, y operadores como Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador preso por sobornos de Odebrecht.

Sansores apunta a un esquema clásico: empresas fantasma y prestanombres que canalizaron recursos de contratos inflados en obra pública, desvíos del erario y presuntos "moches" legislativos.

Un ejemplo son los terrenos en Lerma, Campeche, comprados a precios irrisorios y revendidos tras revalorizaciones sospechosas, con plusvalías que nunca tocaron las arcas públicas.

Sheinbaum, con su característica mesura, no mencionó a “Alito” directamente, pero su mensaje fue diáfano: "Son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción". Su propuesta de endurecer la Ley de Extinción de Dominio –que permite al Estado confiscar bienes ligados a delitos como delincuencia organizada o lavado– busca cerrar las rendijas legales que protegen a políticos corruptos.

Hoy, explicó, el proceso es tortuoso: incluso con pruebas y sentencias, recuperar propiedades es un laberinto judicial. La reforma, aún en borrador, exigiría demostrar que un inmueble proviene de recursos ilícitos –como moches o desvíos– para que un juez ordene su decomiso y lo destine a fines sociales, como la SEP para infraestructura educativa.

Es un guiño a la narrativa de Morena: transformar el botín de la corrupción en aulas para los desposeídos.

El caso de “Alito” no es aislado. Moreno, quien sobrevive políticamente pese a una aprobación ciudadana que apenas roza el 32 por ciento según encuestas de Mitofsky, es un símbolo del priismo en decadencia. Su gestión en Campeche dejó una deuda pública que creció 47 por ciento (de 3 mil 200 a 4 mil 700 millones de pesos) y obras cuestionadas como el Puente de la Unidad, un elefante blanco de mil 200 millones que no resolvió la conectividad de Ciudad del Carmen.

Los audios filtrados en 2022 por Sansores –los famosos "AlitoLeaks"– lo exhibieron negociando favores, amenazando a opositores y presumiendo control sobre el Poder Judicial local. La UIF, entonces bajo Santiago Nieto, congeló cuentas de su círculo por movimientos sospechosos, aunque Moreno esquivó sanciones gracias a su fuero como diputado federal.