Ley de Amparo no tiene retroactividad

Zaldívar aboga por ajustes al decreto transitorio para garantizar certeza jurídica

Proteger derechos adquiridos ni se viola la Constitución, dijo el jurista

MARCOS H. VALERIO

En la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aclara que con el artículo primero transitorio sobre la Ley de Amparo no tiene retroactividad, no se afectan derechos adquiridos ni se viola la Constitución.

“La Presidenta tiene razón en ser muy enfática que en este gobierno no se impulsan ni se avalan leyes ni actos contrarios a la constitución y que no hay cabida a aplicación retroactivos de ninguna ley en prejuicio de persona alguna”, puntualizó.

La reforma a la Ley de Amparo, impulsada por el gobierno federal, representa un avance significativo para modernizar el sistema judicial mexicano, según Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno.

En respuesta a la desinformación sobre el decreto transitorio, Zaldívar subrayó que esta reforma busca fortalecer la claridad en los procesos judiciales, asegurando que los asuntos en trámite al entrar en vigor el decreto no se vean perjudicados.

Este enfoque protege los derechos de los ciudadanos y refuerza la confianza en el Estado de Derecho, alineándose con los principios de justicia y transparencia que promueve la actual administración.

El exministro destacó que el artículo 14 constitucional, que prohíbe la retroactividad de las leyes en perjuicio de las personas, es un pilar fundamental para esta reforma.

Al precisar que la Ley de Amparo es de naturaleza procesal, el decreto transitorio garantizará que las etapas concluidas en los procesos judiciales generen derechos adquiridos, respetando las normas vigentes al momento de su inicio. Esta precisión evita interpretaciones ambiguas y protege a los justiciables de posibles afectaciones, consolidando un sistema judicial más equitativo y predecible.

La propuesta de Zaldívar de ajustar el artículo transitorio responde a la necesidad de disipar dudas y evitar controversias legales. Al clarificar que las leyes procesales no deben alterar los derechos ya consolidados en etapas previas de los juicios, la reforma fortalece la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Este ajuste es un paso crucial para que el amparo, como instrumento de defensa de derechos fundamentales, mantenga su esencia sin ser utilizado como herramienta dilatoria en casos fiscales o administrativos, un problema recurrente que la reforma busca erradicar.

Con esta iniciativa, el gobierno federal reafirma su compromiso con un sistema judicial eficiente y accesible. La recomendación de Zaldívar no solo protege los procesos en curso, sino que también asegura que la reforma a la Ley de Amparo sea un modelo de modernización judicial, promoviendo la justicia pronta y expedita que México necesita.

La claridad en el decreto transitorio es, sin duda, un avance hacia un marco legal más robusto que beneficie a todos los mexicanos.