Mentira que reforma al amparo sea regresiva

Califica las acusaciones como producto de “mala fe o ignorancia”

Asegura Arturo Zaldívar que no hay retrocesos en derechos y que leyes secundarias agilizarán la justicia en México**

MARCOS H. VALERIO

La reforma al amparo y la armonización de la Reforma Judicial han tomado el centro del debate en México, con autoridades federales defendiendo su implementación frente a críticas.

Arturo Zaldívar, coordinador general de política y gobierno de la presidencia, desmintió tajantemente que la reforma al amparo sea regresiva o limite los derechos de los mexicanos, calificando las acusaciones como producto de “mala fe o ignorancia”.

Por su parte, Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la presidencia, destacó que las leyes secundarias de la Reforma Judicial, publicada el 15 de septiembre de 2024, ya están en el Senado para su dictaminación, con el objetivo de garantizar una justicia más pronta y expedita.

Zaldívar explicó que la reforma al amparo busca modernizar y agilizar el proceso al aclarar la figura jurídica del interés legítimo, facilitando su aplicación sin restringir su acceso.

“No hay una limitación al amparo, lo que hay es una actualización para que sea más ágil y eficaz. No hay un solo paso atrás en la defensa de los derechos de los mexicanos”, afirmó. Además, subrayó que ningún país del mundo aplica un control constitucional en materia fiscal, desestimando las críticas que sugieren un retroceso en la protección de derechos.

En tanto, Godoy Ramos detalló que las leyes secundarias de la Reforma Judicial incluyen el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Código Fiscal de la Federación. Estas iniciativas, actualmente en análisis en el Senado, refuerzan los artículos 17 y 20 de la reforma, que establecen un plazo máximo de dos meses para resoluciones en materia tributaria, en línea con el principio de justicia pronta y expedita.

Ambas posturas buscan contrarrestar “las campañas negras” sobre posibles limitaciones en el acceso a la justicia. Mientras el proceso legislativo avanza, el gobierno federal insiste en que estas reformas fortalecerán el sistema judicial, garantizando mayor eficacia y transparencia sin comprometer los derechos fundamentales de la ciudadanía