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Ministros salientes reciben millonarias pensiones

  • Foto del escritor: Karla Hernandez
    Karla Hernandez
  • 1 sept
  • 2 Min. de lectura

Jueces esperan liquidaciones; entrantes hereda rezago de 1,432 expedientes



Recibirán pensiones vitalicias que suman 27.9 millones de pesos anuales, con montos mensuales de entre 263 mil y 371 mil pesos



MARCOS H. VALERIO



México inaugura una nueva etapa en su Poder Judicial con la toma de protesta de 881 jueces, magistrados y nueve ministros electos por voto popular, encabezados por Irving Espinosa Betanzo.


La reforma impulsada por MORENA, que elimina el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y crea el Órgano de Administración Judicial (OAJ), promete una justicia más cercana al pueblo.


Sin embargo, el pasado pesa: Siete de los ocho ministros salientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibirán pensiones vitalicias que suman 27.9 millones de pesos anuales, con montos mensuales de entre 263 mil y 371 mil pesos, calculados con base en su salario de 2024.


Estas cifras, que incluyen sueldo base, aguinaldo, seguros y hasta tres servidores públicos por ministro, contrastan con el discurso de austeridad de la Cuarta Transformación.


MINISTROS SALIENTES: PENSIONES GARANTIZADAS, DIGNIDAD EN JUEGO

Norma Piña, Jorge Mario Pardo, Alfredo Gutiérrez, Alberto Pérez, Javier Laynez, Juan Luis González Alcántara y Luis María Aguilar, quienes renunciaron antes del 31 de agosto, aseguraron su haber de retiro al declinar participar en la elección judicial de junio.


La excepción fue Margarita Ríos Farjat, quien rechazó la pensión para preservar su “dignidad y libertad personal”. La reforma mantuvo esta prestación para los togados salientes, pero la eliminó para los nuevos, alineándose con el mandato constitucional de que ningún funcionario supere el salario presidencial.


Irving Espinosa, ministro electo, subrayó que respetar este límite es esencial para no traicionar el espíritu de la reforma, que busca romper con la alianza de los jueces con poderes económicos.


JUECES EN EL LIMBO: LIQUIDACIONES PENDIENTES POR FIDEICOMISOS

Mientras los ministros salientes aseguran pensiones, 820 jueces y magistrados que declinaron participar en la elección enfrentan incertidumbre.


La reforma establece que recibirían tres meses de salario integrado más 20 días por año de servicio, pero el CJF denunció que Nacional Financiera (Nafin) transfirió 10 mil millones de pesos de fideicomisos a la Tesorería de la Federación sin autorización.


“No se nos ha pagado porque los recursos no están disponibles”, lamentó la magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Javier Martín Reyes, de la UNAM, calificó esta situación como “inconstitucional”, exigiendo que el gobierno cumpla sus propias reglas. El CJF demandó a Nafin, pero el caso pasará a la nueva Corte, dejando en vilo a los juzgadores.


REZAGO Y JUSTICIA SOCIAL COMO PRIORIDAD


La nueva SCJN hereda un rezago de mil 432 expedientes, 373 ingresados desde abril. Con la desaparición de las dos salas, la Corte enfrenta plazos estrictos: seis meses para casos fiscales y un año para penales.


Espinosa propone repartir asuntos a tribunales de circuito para agilizar resoluciones, priorizando una justicia “pronta y expedita”. La Corte planea emitir criterios generales y realizar audiencias públicas, enfocándose en grupos marginados.


La transición al OAJ, que asumirá la administración de recursos y nómina, promete no generar vacíos, aunque la designación de sus integrantes –tres por la Corte, uno por el Senado y uno por Sheinbaum– deberá concretarse antes del 15 de septiembre

 
 
 

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