Reforma a la Ley de Amparo frena empresarios corruptos

También, al crimen organizado: Jaime Cárdenas

Busca cerrar el paso a la evasión fiscal y operaciones ilícitas, asegura experto

La reforma a la Ley de Amparo propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum representa un golpe directo a grandes empresarios y estructuras vinculadas al crimen organizado, afirmó el doctor en Derecho por la UNAM, Jaime Cárdenas Gracia.

Según el especialista, esta iniciativa afecta a quienes, como Ricardo Salinas Pliego, han utilizado el amparo para retrasar el pago de impuestos, perjudicando a la Hacienda Pública y al Estado mexicano.

“La reforma afecta a grandes intereses económicos. Antes, los mecanismos de defensa permitían chicanear la ejecución del cobro fiscal, lo que beneficiaba a grandes empresarios y empresas”, señaló Cárdenas.

El académico destacó que, por décadas, la figura del amparo ha sido usada por evasores fiscales y delincuentes de cuello blanco, lo que ha mermado los recursos públicos y la capacidad del Estado para brindar servicios eficientes.

El Senado aprobó el miércoles, con 76 votos a favor y 39 en contra en lo general, el dictamen que reforma la Ley de Amparo, incluyendo un transitorio que la haría retroactiva, punto cuestionado por la presidenta Sheinbaum.

La iniciativa busca agilizar los procesos de amparo para evitar su uso como herramienta dilatoria en casos fiscales y administrativos, tras ajustes realizados en comisiones después de audiencias públicas el 29 y 30 de septiembre.

Cárdenas explicó que la reforma también limita las suspensiones provisionales relacionadas con empresas fantasma, factureras y operaciones de lavado de dinero. “Hablamos de crimen organizado y delincuencia de cuello blanco que busca desacreditar la reforma. Ahora, los jueces no podrán otorgar suspensiones alegremente, y los responsables enfrentarán medidas como el congelamiento de cuentas o la afectación de propiedades”, afirmó.

Sin embargo, la iniciativa plantea modificar el “interés legítimo” en el artículo 5 de la Ley de Amparo, exigiendo una lesión real y no hipotética. Esto, según participantes de las audiencias públicas, podría limitar el acceso a la justicia de comunidades representadas por organizaciones civiles, como las que se oponen a megaproyectos del gobierno, dejándolas en desventaja frente a quienes pueden costear defensas privadas.

El especialista advirtió que la reforma fortalecerá la capacidad del gobierno y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar y sancionar operaciones ilícitas, al eliminar herramientas que entorpecían las carpetas de investigación y la labor judicial. “Tendrá un efecto inhibidor; los responsables sabrán que no podrán evadir fácilmente las consecuencias”, concluyó Cárdenas