Reforma a Ley de Amparo agiliza justicia

Explica Sheinbaum que los cambios buscan reducir tiempos en juicios

Combatir el lavado de dinero, garantizando los derechos ciudadanos

MARCOS H. VALERIO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que la reciente reforma constitucional al Poder Judicial no solo establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros, sino que también obliga a reducir los tiempos para impartir justicia, un mandato que requiere modificar cuatro leyes secundarias, incluyendo la Ley de Amparo.

Durante una conferencia, Sheinbaum detalló que los cambios propuestos buscan agilizar los procesos judiciales, manteniendo la protección del ciudadano frente a actos de autoridad.

La reforma a la Ley de Amparo tiene como objetivo principal disminuir la duración de los juicios, que actualmente pueden extenderse hasta 15 o 20 años, afectando la justicia expedita.

Sheinbaum subrayó que el derecho al amparo, una figura clave desde 1857, queda plenamente garantizado, permitiendo a los ciudadanos protegerse contra acusaciones injustas de autoridades, como la Fiscalía, mediante suspensiones provisionales o definitivas hasta resolver el fondo del caso.

Un cambio significativo en la ley impide la suspensión inmediata de cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en casos de presunto lavado de dinero.

Anteriormente, las suspensiones automáticas permitían liberar los fondos, facilitando la retirada del dinero. Ahora, las cuentas permanecerán congeladas hasta que el juicio, más abreviado, determine la licitud de los recursos, protegiendo así las finanzas públicas sin vulnerar el derecho de defensa.

Otro aspecto relevante es que, en casos de resoluciones definitivas de la Suprema Corte de Justicia, no se otorgarán suspensiones provisionales para evadir sanciones, como el pago de impuestos tras largos litigios.

Los contribuyentes deberán depositar el monto adeudado en una cuenta hasta que se resuelva el caso, asegurando el cumplimiento fiscal. Sheinbaum enfatizó que estas modificaciones fortalecen la justicia sin comprometer los derechos ciudadanos, alineándose con los principios de la Cuarta Transformación.