Se radicaliza el gobierno de EU

Ataca legalmente a 11 ciudades santuario

Fiscalías federales inician 11 procesos contra urbes como Nueva York y Los Ángeles, acusándolas de poner en riesgo la seguridad pública

MARCOS H. VALERIO

El gobierno federal de Estados Unidos ha intensificado su ofensiva legal contra las denominadas “ciudades santuario”, aquellas localidades que limitan su cooperación con las agencias migratorias para proteger a la población indocumentada de detenciones y deportaciones.

En una serie de 11 demandas presentadas en cortes federales, el Departamento de Justicia busca obligar a megaciudades como Los Ángeles, Nueva York y Chicago a colaborar con operativos migratorios, argumentando que sus políticas de protección representan un peligro para la seguridad pública.

Documentos judiciales revisados revelan que las fiscalías estadounidenses han señalado que estas ciudades, al negarse a compartir información o recursos con agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), permiten que migrantes indocumentados con antecedentes criminales evadan la custodia federal.

“Esta política de protección ha generado que inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales eviten la custodia federal, lo que pone en riesgo la seguridad pública”, sostiene una de las demandas.

Un caso emblemático citado en los alegatos ocurrió el 19 de julio de 2025, a las 23:51 horas, en Fort Washington Park, Manhattan. Un agente de la CBP, que se encontraba fuera de servicio paseando por el parque, fue emboscado por dos hombres en motocicleta.

Uno de ellos sacó un arma y disparó contra el oficial, quien respondió al ataque. Ambos resultaron heridos en el intercambio de balas. Según la narrativa del gobierno, los agresores, descritos como “extranjeros que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos”, tenían un historial de arrestos por conducta delictiva.

Este incidente se convirtió en la piedra angular de una demanda presentada días después contra la ciudad de Nueva York, donde se argumenta que las políticas santuario permitieron que personas con antecedentes delictivos permanecieran en libertad, facilitando el ataque contra el agente federal.

Las “ciudades santuario” no están obligadas a destinar recursos económicos ni a compartir información con agencias migratorias para apoyar procesos de detención o deportación, una práctica que el gobierno federal busca revertir.

Las demandas presentadas exigen que jueces federales declaren inválidas las leyes locales que sustentan estas políticas y ordenen su suspensión inmediata.

La batalla legal ha generado un intenso debate. Por un lado, las autoridades federales insisten en que la falta de cooperación pone en riesgo la seguridad nacional; por otro, las ciudades santuario defienden que sus políticas protegen los derechos de los migrantes y fomentan la confianza de las comunidades en las instituciones locales.

Mientras las cortes deliberan, la tensión entre el gobierno federal y estas urbes continúa escalando, con millones de migrantes en el centro de la controversia