13 proveedores acaparan contratos de 500 mdp

Convenios oscuros de Biby Karen Rabelo

MARCOS h. VALERIO

La asignación de contratos públicos es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier municipio, pero también un terreno fértil para la desconfianza cuando los procesos carecen de claridad. En Campeche, bajo la administración de la presidenta municipal Biby Karen Rabelo de la Torre, una investigación reciente del politólogo y escritor Rodolfo Herrera Charolet ha encendido las alarmas sobre la gestión de los recursos públicos.

Según los datos recabados de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) entre 2021 y 2024, de 686 contratos de bienes y servicios, el 50% —equivalentes a más de 500 millones de pesos— fueron otorgados a un grupo reducido de 13 proveedores. Este nivel de concentración plantea preguntas inevitables:

¿Cómo se seleccionan estas empresas?

¿Qué garantiza que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y justa?

El caso más llamativo es el de Recubrimientos y Mantenimientos Industriales del Golfo S.A. de C.V. (RMI141104MW0), que recibió contratos por $100,259,454.35. La empresa, supuestamente dedicada a obras de mantenimiento y construcción, declara su domicilio en un departamento en una casa particular en el barrio de San Román, Campeche. Investigaciones periodísticas han revelado que en dicho lugar no hay rastro de maquinaria, personal o infraestructura que justifique la capacidad para ejecutar obras millonarias. Este hallazgo no es aislado.

Construcciones y Caminos Nerima S.A. de C.V. (CCN150803LE1), con 93,568,884.93 de pesos en contratos, está registrada en un local de una plaza comercial en San Antonio, un espacio poco compatible con una constructora de gran envergadura.

De manera similar, CONSTRUCCIONES NOIL DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V. (CNP190110PY8) y Grupo Ecocasas S.A. de C.V. (GEC090120980), con 73,258,659.45 pesos y 66,570,273.10 pesos respectivamente, reportan domicilios en Mérida, Yucatán, donde no se encontraron evidencias de su operación.

El caso de Aime Carem Gutiérrez (GUAI760818RW5), una persona física que recibió 39,761,719.96 pesos, es particularmente inquietante. Su domicilio, en una zona de casas de interés social en la Privada Ex Hacienda Kala, no parece acorde con la magnitud de los contratos adjudicados.

¿Cómo es posible que una persona física, sin una empresa formal detrás, obtenga contratos de tal envergadura?

Este patrón se repite con Victoria C Y C S. de R.L. de C.V. (VCC1905243U6), con 42,082,694.90 pesos, también ausente en su domicilio declarado en una zona residencial de Campeche.

Estas empresas, muchas de las cuales parecen existir solo en el papel, han sido denominadas "empresas de papel" por su falta de presencia física verificable. La investigación señala un problema estructural: los domicilios declarados, ya sea en casas particulares, locales comerciales o zonas residenciales, no coinciden con la infraestructura necesaria para cumplir con los contratos asignados. Esto sugiere una posible simulación en los procesos de licitación, donde las empresas podrían estar sirviendo como fachadas para canalizar recursos públicos a beneficiarios no identificados.

La concentración de contratos en un puñado de proveedores, muchos de los cuales no operan en los domicilios reportados, no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que también pone en riesgo la calidad de las obras y servicios públicos.

Por ejemplo, Recubrimientos y Mantenimientos Industriales del Golfo ha sido señalada como una de las empresas favoritas del municipio, acumulando contratos para pavimentación y bacheo, pero sin evidencia de capacidad operativa.

La asignación de contratos a personas físicas como Aime Carem Gutiérrez o Patricia Sánchez Horta (SAHP880804S60, 25,669,553.60 pesos) refuerza la percepción de favoritismo y falta de rigor en los criterios de selección.

El problema trasciende los números. La opacidad en la asignación de contratos refleja una falla en la rendición de cuentas que afecta directamente a los campechanos. Los ciudadanos merecen saber cómo se gastan sus impuestos y si las empresas contratadas tienen la capacidad real para cumplir con lo prometido.

La falta de visitas de verificación a los domicilios, la ausencia de información detallada sobre los procesos de licitación y las posibles relaciones entre socios de las empresas adjudicatarias —como se ha reportado en el caso de Recubrimientos y otras empresas— son señales de alerta que no pueden ignorarse.

Es momento de que el Ayuntamiento de Campeche adopte medidas concretas para garantizar la transparencia. Las autoridades deben publicar en la PNT los detalles completos de cada licitación, incluyendo actas de fallo, contratos y comprobantes de entrega.

Las visitas físicas a los domicilios de las empresas deben ser un requisito obligatorio antes de adjudicar contratos, y cualquier irregularidad debe investigarse a fondo por la Auditoría Superior del Estado. Además, es crucial que se sancione a quienes utilicen "empresas de papel" para desviar recursos, asegurando que los responsables enfrenten consecuencias legales.

Campeche merece una administración que priorice el interés público sobre cualquier agenda particular. La asignación de más de 500 millones de pesos a un grupo reducido de proveedores, muchos de los cuales parecen existir solo en expedientes, no es solo un problema administrativo; es una traición a la confianza de los ciudadanos. Es hora de exigir claridad, responsabilidad y un compromiso real con el bienestar de la comunidad. La transparencia no es un lujo, es un derecho