En Veracruz y Yucatán, DIF apoya a muertos

Destapa ASF irregularidades

Desvíos millonarios en programas alimentarios

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló graves irregularidades en la asignación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por parte de los sistemas estatales del DIF, destacando que en Veracruz y Yucatán, entre otras entidades, se destinaron millones de pesos a personas fallecidas bajo el pretexto de programas alimentarios. Esta práctica, aunque no es nueva, persiste y ha encendido las alertas sobre la falta de controles en la distribución de apoyos sociales destinados a poblaciones vulnerables.

En Veracruz, durante el último año de la administración de Cuitláhuac García (2018-2024), el DIF estatal destinó 3 millones 469 mil 800 pesos a mil 496 personas fallecidas, a través de programas como Alimentación Escolar Fría, Alimentación Escolar Caliente, Atención Alimentaria en los Primeros 1,000 Días, Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios y Atención Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre.

Según los registros, se reportó que menores en edad escolar de zonas marginadas consumían desayunos con leche, cereal integral, fruta deshidratada y oleaginosas, así como menús de alimentos frescos para su desarrollo físico y mental. Sin embargo, la ASF descubrió que muchos de estos “beneficiarios” ya habían fallecido, lo que evidencia una grave falla en la validación de los padrones.

Yucatán no se queda atrás en las irregularidades. En el último año de la gestión del panista Mauricio Vila Dosal, el DIF estatal incluyó a 1,010 personas fallecidas como beneficiarios activos de apoyos sociales, lo que derivó en un presunto daño a la hacienda pública federal por 4 millones 975 mil 178.81 pesos.

La ASF también señaló que, en este caso, se otorgaron apoyos a 1,181 personas que no cumplían con los requisitos de edad establecidos, aunque no se precisó el monto específico correspondiente a cada irregularidad.

El problema trasciende estas entidades. La ASF identificó que 16 estados incurrieron en esta práctica en 2024, repitiendo un patrón detectado en 2023, cuando 12 entidades destinaron 18 millones 9 mil 825.93 pesos a personas fallecidas.

En Jalisco, bajo la administración de Enrique Alfaro, el DIF reportó un gasto de 1 millón 850 mil pesos para 841 beneficiarios fallecidos en programas similares. En la Ciudad de México, se erogaron 189 mil 800 pesos para 69 personas registradas como decesos, aunque la administración capitalina justificó 77 mil pesos correspondientes a 28 casos. Otros estados como Colima, Morelos, Nuevo León, Guerrero, Chihuahua, Tabasco, Baja California Sur y Oaxaca también enfrentan observaciones por montos que van desde 39 mil hasta 283 mil pesos por apoyos a personas fallecidas.

La ASF cotejó los padrones de beneficiarios del DIF con bases de datos de la Secretaría de Salud, la Clave Única de Registro de Población (CURP) y la matrícula de la Secretaría de Educación Pública, descubriendo que, en algunos casos, los decesos datan de 2010, pero los apoyos continuaron registrándose a nombre de estas personas.

Este hallazgo pone en evidencia la falta de actualización y verificación de los registros, así como una posible malversación de recursos destinados a combatir el hambre y la vulnerabilidad en comunidades marginadas.

Las irregularidades detectadas forman parte del primer informe de observaciones de la cuenta pública 2024, y los gobiernos estatales señalados deberán aclarar o reintegrar los montos a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

La ASF subrayó que el FAM tiene como objetivo financiar programas de asistencia social alimentaria para personas en desamparo, por lo que estas anomalías no solo representan un daño al erario, sino también una traición a los sectores más necesitados.

Ante este panorama, la ASF ha exhortado a los sistemas DIF a implementar controles más estrictos en la gestión de sus padrones y a garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los beneficiarios vivos y elegibles. Mientras tanto, la ciudadanía y las organizaciones sociales exigen mayor transparencia y rendición de cuentas para evitar que estas prácticas persistan, afectando la confianza en los programas sociales diseñados para combatir la pobreza y la desigualdad en el país