LA NUEVA DECENA TRAGICA

Por Manuel CARMONA

Cuando advierto que en solo diez días la mayoría que predomina en la cámara de diputados, que en su inmensa mayoría no son abogados y que por lo tanto no tienen ni la más mínima idea del significado y los alcances de una ley, APROBARON sin estudio, discusión y análisis un paquete de reformas legales de suma trascendencia para el país (16 en total), me viene a la mente uno de los pasajes más oprobiosos de la historia de nuestro país, el golpe de Estado que tuvo lugar en México del 9 al 18 de febrero de 1913.

En esa fecha un grupo de militares rebeldes liderados por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Manuel Mondragón, se levantaron contra el gobierno de Francisco I. Madero, acontecimiento que quedó registrado en la historia como la decena trágica y que fue el punto de partida a un periodo de gran destrucción e inestabilidad para la nación.

Uno y otro acontecimiento que los separan poco más de un siglo de distancia, 118 años para ser exactos, revisten un particular paralelismo, porque se desarrollaron en el mismo plazo y porque los efectos de cada uno de ellos no se agota en el momento, sino que dada su importancia y magnitud traen consigo un enorme impacto en el futuro.

Como ya se ha vuelto un estilo, una forma de trabajo y la institucionalización de la improvisación como política pública, durante el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, en promedio se aprobó un ley por día, lo que pone de manifiesto el gatopardismo político, que todo cambia para seguir igual, es decir, sin rubor alguno se sigue LEGISLANDO AL VAPOR.

Sin embargo dentro de esta batería de reformas se aprobaron tres instrumentos legales de trascendental relevancia que lesionan derechos humanos y que constituyen un serio atropello a las libertades personales, tales como: la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad.

El caso es que en solo 10 días sin estudio de por medio, como lo anticipé en mi anterior entrega, la Cámara de Diputados en nombre de la seguridad pública aprobó un sistema de vigilancia masiva en México, que la opinión pública ha bautizado como la Ley Espía, pero que al oficialismo le incomoda, de tal manera que se ha optado por promocionarla como una importante herramienta para mejorar los trabajos de “inteligencia” gubernamental en el combate a la delincuencia organizada.

Pero lo que los apologistas del ominoso paquete legislativo han pasado por alto son las características de toda la ley, que su observancia es de carácter general, impersonal y abstracta, razón por la cual aún cuando hubiera sido pensada para combatir los delitos, esta ley se puede usar por igual para perseguir y castigar a ciudadanos apartidistas y opositores políticos, sin distinción.

También dirán que el Estado desde hace décadas siempre ha espiado a sus ciudadanos y tienen razón, pero precisamente esa fue una de las causas por las que millones de personas votamos por un cambio, porque nos vendieron la idea de que la izquierda al haber sido víctima histórica del autoritarismo, de llegar al poder serían diferentes, pero hicieron exactamente lo mismo de lo que se quejaban, es decir, resultaron iguales.

Además insistirán que el espionaje no es cosa nueva, pero olvidan que antes al ser una práctica no reconocida en la ley, la información no podía ser utilizada en contra del ciudadano en un juicio por haber sido obtenida de manera ilegal, pero lo que se ha hecho actualmente es legalizar, reconocer y validar la invasión a la vida privada de todos los ciudadanos.

La experiencia mundial en la materia es que con esta batería de reformas legislativas existe la posibilidad de que estas nuevas facultades de los cuales ahora se encuentra investido el Estado Mexicano, al final del día sean usadas como instrumento de persecución política y no como auxilio en el combate al crimen organizado, por lo se corre el grave riesgo de que al final del día ni mejore la seguridad pública en el país, pero que sí se consuma un enorme retroceso para los derechos y garantías individuales de los ciudadanos.

Lo que se nos quiere vender como una modernización digital, es en realidad la instalación de un estado vigilante sin contrapesos. De ahora en adelante el Estado ya no necesita permiso para invadir la vida privada del ciudadano, ahora lo podrá hacer el día que quiera de manera automática.

México ha dado un paso que muy pocos han advertido, un paso importante hacia el autoritarismo digital normalizado. No vamos hacia la instalación de una república digital, sino a un régimen de control con rostro democrático…

* El autor es abogado, escritor y analista político