Penas ejemplares contra Biby Rabelo

No dar mantenimiento a calles o avenidas es un ataque a derechos humanos

“Si la corrupción no respeta fronteras, la justicia tampoco debería hacerlo”

MARCOS H. VALERIO

“Si un gobierno, como el de la alcaldesa Biby Karen Rabelo de la Torre, desvía fondos o no da mantenimiento a las calles y colonias de Campeche, no es solo un delito financiero; es un ataque a los derechos humanos, a la seguridad, a la vida misma”, dice, el politólogo Rodolfo Herrera Charolet.

En entrevista para CAMPECHE HOY, en un café a pocos pasos del Foro de Diálogos Multiactores del Sistema de Naciones Unidas, el el especialista sostiene una taza de café con la misma firmeza que defiende sus ideas.

Su ponencia, “Penas Ejemplares contra la Opacidad”, ha dejado una marca imborrable en los asistentes, con propuestas audaces para fortalecer la gobernanza en el marco de la Agenda 2030. Pero hoy, su mirada se dirige a un problema más cercano: La situación en Campeche, donde la alcaldesa Biby Rabelo ha incumplido promesas, dejando calles olvidadas, avenidas plagadas de baches y colonias sin alumbrado.

Con la pasión de un politólogo comprometido, Herrera Charolte no tarda en abordar el tema con la misma claridad que marcó su presentación. “Los buenos deseos no combaten la corrupción, la opacidad ni el abuso de poder”, sentencia Rodolfo, con un tono que no admite réplicas. Para él, estos males son un cáncer que corroe lugares como Campeche, donde la ciudadanía enfrenta la negligencia de autoridades que prometen mucho y entregan poco.

“La alcaldesa Rabelo habla de progreso, pero las calles de la capital están en el abandono, los baches son un peligro y la falta de alumbrado deja a las colonias en la penumbra. Eso no es solo mala gestión; es un atentado contra la calidad de vida de la gente”, afirma, con una indignación contenida.

Su solución no se queda en críticas: propone sanciones contundentes –inhabilitaciones, procesos penales, incluso cárcel– para quienes, como en el caso de Campeche, saqueen o desperdicien lo público.

“Sin consecuencias reales, los llamados de la ONU, como los de la Agenda 2030, son solo palabras bonitas”, dice, endureciendo la mirada. Su idea estrella es crear tribunales anticorrupción con alcance transnacional, inspirados en mecanismos como el IIIM para Siria.

“Si la corrupción no respeta fronteras, la justicia tampoco debería hacerlo”, subraya, alzando una ceja con determinación. La fiscalización es un tema que lo enciende, especialmente cuando lo conecta con la realidad de Campeche capital. Critica el enfoque actual, al que llama “un ritual vacío” donde las auditorías revisan números, emiten informes y se desvanecen en el olvido.

Propone un cambio radical: auditorías sociales con un enfoque de derechos humanos que no solo verifiquen si el gasto fue legal, sino si llegó a las comunidades más necesitadas, o las colonias marginadas de la capital.

Estas auditorías sociales, detalla, evaluarían si los recursos mejoraron la vida de la gente –si las calles están transitables, si el alumbrado funciona, si las comunidades tienen acceso a servicios básicos–. Si no es así, insiste, deben aplicarse sanciones administrativas y, en casos graves, procesos penales. “Organismos como la Unión Europea podrían establecer estándares globales para estas auditorías.

En Campeche, la ciudadanía merece saber a dónde va cada peso y exigir consecuencias si no se ven resultados”, asegura.

Ante ello, Rodolfo Herrera, propone una plataforma centralizada, gestionada por la ONU o la Open Government Partnership, donde los gobiernos suban datos sobre gastos, contratos y políticas en formatos unificados.

“No puede ser opcional. Si no cumples, enfrentas consecuencias, como restricciones al financiamiento internacional”, afirma. Aunque reconoce la resistencia de autoridades que prefieren la opacidad –como las que han dejado a Campeche en el abandono–, está convencido de que la presión ciudadana puede cambiar las cosas.

“En el ayuntamiento de Campeche, donde la gente está harta de promesas vacías, la transparencia podría empoderar a la ciudadanía para exigirle cuentas a la alcaldesa”, reflexiona. La inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados en los compromisos de transparencia fue otro punto polémico de su ponencia.