Peña y Fox, verdugos de un pueblo

2006, represión en San Salvador Atenco dejó una herida imborrable

Usaron la fuerza del Estado para aplastar la resistencia de un pueblo que defendía su tierra y su futuro

MARCOS H. VALERIO

Han pasado casi dos décadas, pero la memoria de San Salvador Atenco sigue viva, punzante, como un recordatorio de lo que sucede cuando el poder se ensaña con los más vulnerables.

En mayo de 2006, bajo el mandato de Vicente Fox como presidente y Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, el pueblo de Atenco fue escenario de una brutal represión que dejó dos muertos, cientos de heridos, 207 detenidos y 47 mujeres víctimas de violencia sexual a manos de las fuerzas policiales.

Todo, según las autoridades, en nombre de “restablecer el orden y la paz”. Pero, ¿qué paz puede construirse sobre la sangre y el dolor de un pueblo que solo defendía su derecho de conservar sus tierras?

El origen de esta tragedia se remonta a 2001, cuando Fox, con su ambicioso proyecto de un nuevo aeropuerto en Texcoco, decretó la expropiación de más de cinco mil 391 hectáreas, el 70 por ciento de ellas en Atenco. La oferta del gobierno fue una burla: Siete pesos por metro cuadrado, un precio que no alcanzaba ni para un café.

Los pobladores, organizados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), se levantaron. No estaban dispuestos a entregar su legado, su sustento, su identidad, a cambio de migajas.

Marchas, asambleas y resistencia pacífica marcaron su lucha, aunque no sin costo: fueron vigilados, espiados e infiltrados por agentes del gobierno, según reportes de la época. Su tenacidad rindió frutos en 2002, cuando Fox, derrotado por la presión social, canceló el proyecto. Pero el poder no olvida, y Atenco pagaría caro su victoria.

Cuatro años después, en mayo de 2006, la venganza llegó. Peña Nieto, entonces gobernador, ejecutó una operación conjunta de Policía Federal, Estatal y Municipal que desató una cacería contra los pobladores.

“Protegerte a ti y a tu familia es un firme compromiso de mi gobierno”, dijo Peña Nieto en aquel entonces.

Pero sus palabras chocan con la realidad: el operativo dejó un saldo devastador. Dos jóvenes, Javier Cortés y Alexis Benhumea, perdieron la vida; cientos fueron golpeados, y 47 mujeres sufrieron violaciones sexuales, un crimen que hasta la fecha sigue en la impunidad, como documentó Amnistía Internacional en su informe de 2006.

Fox, por su parte, justificó la masacre con un discurso que criminalizaba la resistencia: “Nadie puede usar como pretexto el agravio a sus intereses para cometer actos fuera de la ley”. ¿Fuera de la ley? Lo que estaba fuera de la ley era el abuso desmedido del Estado contra un pueblo que solo exigía justicia.

Recientemente, Peña Nieto reapareció en la escena pública, defendiendo el fallido proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Como si la memoria fuera tan frágil, intentó reposicionarse como un estadista visionario, pero los archivos no mienten.

Atenco no fue un “incidente”; fue una masacre planeada, una factura cobrada por un gobierno que no toleró la resistencia de un pueblo digno. Fox y Peña, cada uno desde su trinchera, fueron cómplices de un capítulo oscuro que sigue clamando justicia.

Hoy, mientras Peña busca lavar su imagen y Fox se diluye en el ocaso de su relevancia, Atenco permanece como un símbolo de lucha y resistencia. Los responsables de la represión nunca rindieron cuentas. Las víctimas, en cambio, siguen cargando las cicatrices.

México no puede olvidar: la justicia para Atenco es una deuda pendiente, y ni las palabras grandilocuentes ni los chasquidos de poder podrán borrar la mancha de 2006. Peña y Fox, verdugos de un pueblo, deben ser recordados no por sus cargos, sino por el dolor que infligieron