Fracasó el intento de perpetuar privilegios

Grupo Salinas, ha sostenido vínculos históricos con ministros

Responde a su intención de mantener un sistema de privilegios y corrupción que les permita evadir responsabilidades fiscales

MARCOS H. VALERIO

En un contundente mensaje durante la conferencia matutina "La Mañanera del Pueblo", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó al empresario Ricardo Salinas Pliego y a su conglomerado, Grupo Salinas, de encabezar una campaña contra la reforma al Poder Judicial debido a un adeudo fiscal de más de 74 mil millones de pesos.

La mandataria aseguró que la resistencia del grupo empresarial a la elección popular de jueces y ministros responde a su intención de mantener un sistema de privilegios y corrupción que les permita evadir responsabilidades fiscales.

Sheinbaum explicó que Grupo Salinas, propietario de empresas como TV Azteca, Elektra y Banco Azteca, ha sostenido vínculos históricos con ministros que, según ella, han facilitado el retraso de resoluciones judiciales o fallos favorables al conglomerado.

"Tenían vínculos con muchos ministros y ministras que permitan este aletargamiento en la decisión o una decisión que pudiera ser favorable a este grupo, que sería la injusticia llevada a su máxima expresión", afirmó la presidenta, subrayando que estas prácticas representan un obstáculo para la justicia equitativa que su gobierno busca consolidar.

La mandataria señaló que la oposición de Grupo Salinas a la reforma judicial, que incluye la elección popular de jueces, magistrados y ministros, está estrechamente ligada a su negativa a saldar el adeudo fiscal, el cual asciende a más de 74 mil millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Este monto, que involucra 32 juicios en curso, podría destinarse a programas sociales, infraestructura o servicios públicos esenciales, en un país donde las necesidades de la población son apremiantes. Sheinbaum calificó la situación como un intento de perpetuar un "régimen de corrupción y privilegios" que ha protegido a grandes contribuyentes en el pasado.

"Esta andanada que se ha hecho de críticas contra la elección al Poder Judicial, que provienen en mucho de medios de comunicación, en particular de uno, tiene que ver con que no quieren pagar impuestos y quieren que continúe este régimen de corrupción y privilegios que los protegía", afirmó Sheinbaum, en una clara alusión a TV Azteca, el medio de comunicación propiedad de Salinas Pliego, que ha cuestionado reiteradamente la reforma judicial impulsada por el gobierno.

La presidenta también destacó que las leyes secundarias de la reforma judicial, recientemente enviadas al Congreso, incluyen modificaciones a la Ley de Amparo, con el objetivo de cerrar resquicios legales que permiten a grandes empresas dilatar procesos fiscales. Estas enmiendas buscan garantizar que los juicios se resuelvan con prontitud y transparencia, evitando tácticas dilatorias como las que, según la SHCP, ha empleado Grupo Salinas al interponer recursos judiciales ante múltiples instancias y descalificar a juzgadores que no fallan a su favor.

Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación, había señalado previamente que los 32 juicios de Grupo Salinas, que acumulan más de un año de antigüedad, reflejan una estrategia deliberada para retrasar el pago de impuestos. La funcionaria aseguró que se han respetado los derechos de audiencia y defensa del conglomerado, pero criticó su práctica de solicitar la recusación de jueces bajo argumentos de supuestos intereses personales, lo que prolonga los procesos y afecta la recaudación fiscal.

El señalamiento de Sheinbaum se produce en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y sectores empresariales que se oponen a las reformas estructurales de la Cuarta Transformación. La elección popular de los integrantes del Poder Judicial, aprobada en meses recientes, ha generado controversia, con críticas desde diversos sectores que la consideran un riesgo para la independencia judicial.

Sin embargo, la presidenta defendió la medida como un paso hacia una justicia más accesible y al servicio del pueblo, no de las élites. "La justicia debe ser para todos: para el rico, para el pobre, para las mujeres, los hombres, para la diversidad", reiteró.

El adeudo de Grupo Salinas no es un caso aislado, pero su magnitud y la influencia mediática de su propietario lo convierten en un símbolo de la lucha del gobierno por combatir la evasión fiscal. Analistas estiman que los 74 mil millones de pesos en disputa representan una cantidad significativa para el erario público, equivalente a una fracción considerable del presupuesto anual de sectores como la educación o la salud. La resolución de estos juicios, que ahora está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), será una prueba crucial para el nuevo modelo judicial impulsado por Sheinbaum.

El gobierno federal ha exhortado a la SCJN a actuar con celeridad y transparencia para resolver estos casos, garantizando que los recursos recuperados se destinen al bienestar de la población. Mientras tanto, la presidenta llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y respaldar las transformaciones en el Poder Judicial, asegurando que solo con la participación activa del pueblo se podrá erradicar la corrupción que, durante décadas, ha beneficiado a unos pocos en detrimento de las mayorías.

La batalla contra Grupo Salinas, según Sheinbaum, es también una batalla por la justicia y la igualdad en México